En ocasiones, los términos incapacidad y discapacidad se utilizan de forma equivalente, sin embargo, existen diferencias significativas entre ambos conceptos. En esta publicación vamos a explorar qué significa cada uno, cuáles son sus diferencias y qué implicaciones conllevan, especialmente desde el punto de vista legal.

Definición.

Cuando se habla de incapacidad, se está haciendo referencia a la falta de habilidad, capacidad o imposibilidad de una persona para llevar a cabo ciertas actividades o funciones relativas a su trabajo.  La incapacidad no implica necesariamente una limitación en otras áreas de la vida de la persona. Dependiendo de la situación específica, la naturaleza y la condición de la incapacidad, la persona puede ser capaz de llevar a cabo actividades cotidianas y funcionar de manera normal en otros aspectos de su vida. Además, es posible que pueda desempeñar otros trabajos para los cuales no esté limitado. (Si quieres saber más sobre la incapacidad laboral, no te pierdas nuestra publicación: Incapacidad Laboral: qué es, qué tipos existen y cómo solicitarla.)

La incapacidad puede ser temporal o permanente, y su origen, según la normativa puede estar relacionado con dos factores: la enfermedad o el accidente laboral.

Por otro lado, cuando se habla de discapacidad se está haciendo referencia al reconocimiento de una condición física, mental, intelectual o sensorial que limita o afecta a la capacidad de una persona para realizar actividades cotidianas de manera típica. La discapacidad suele afectar a múltiples ámbitos de la vida de una persona y, a diferencia de la incapacidad, no se limita, ni se vincula únicamente al ámbito laboral.

La discapacidad puede ser el resultado de una variedad de factores, como problemas de salud crónicos, lesiones, defectos congénitos o problemas de salud mental, entre otros. Generalmente, la discapacidad se considera una condición “previsiblemente permanente”.

¿Qué diferencias existen entre el reconocimiento de la incapacidad y la discapacidad?

• Reconocimiento.

Como se decía con anterioridad, la incapacidad está intrínsecamente vinculada a la situación laboral de una persona, ya que se otorga a individuos que están o han estado dentro del Régimen General de la Seguridad Social o en su defecto en una de las situaciones especiales de incapacidad recogidas en la Ley General de la Seguridad Social. 

En el caso de la discapacidad, no se requiere para su reconocimiento que la persona haya tenido experiencias laborales o haya estado afiliada al sistema de seguridad social.  La discapacidad se evalúa en función de las limitaciones que experimenta una persona en diversas áreas de su vida cotidiana, con independencia de su situación laboral.

• Organismo Competente.

El reconocimiento de la incapacidad es competencia del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Este organismo es el que evalúa las solicitudes de incapacidad laboral y determina el grado de incapacidad de acuerdo con los criterios establecidos por la legislación.

Por otro lado, el reconocimiento de la discapacidad se lleva a cabo por los Servicios Sociales de las Comunidades Autónomas. Estas evalúan las limitaciones que experimenta una persona en diversas áreas de su vida debido a una discapacidad, y emiten un certificado, que reconoce oficialmente la condición de discapacidad, y en qué porcentaje.

• Evaluación.

Discapacidad: Se evalúa en porcentajes, con diferentes clases que representan el grado de afectación. Estas clases van desde la Clase I (0%), que indica ninguna discapacidad, hasta la Clase V (75% en adelante), que indica una discapacidad muy severa. Las clases intermedias (Clase II, III y IV) representan diferentes grados de discapacidad, desde leves hasta significativos.

Incapacidad: Se clasifica en grados que indican el nivel de limitación funcional de una persona en relación con su capacidad para trabajar. Estos grados son parcial, total, absoluta y gran invalidez. Cada grado representa un nivel diferente de capacidad laboral, desde una incapacidad parcial que permite trabajar en cierta medida hasta la gran invalidez, que indica una incapacidad total y permanente para realizar cualquier tipo de trabajo.

Ambas clasificaciones dependen del grado de afectación de la persona y se utilizan para determinar el acceso a beneficios y servicios de apoyo.

• Beneficios.

La declaración de incapacidad conlleva siempre, en cualquiera de sus grados y variedades, el derecho a prestación económica, bien en forma de indemnización o bien en forma de pensión.  En el caso de la discapacidad, esta compensación económica sólo se garantiza a las personas con un grado de discapacidad mayor al 65%.

En el caso de la discapacidad también existen otra serie de beneficios tanto fiscales, como laborales y sociales, los cuales no se contemplan para las personas que tienen reconocida la incapacidad. Algunos ejemplos de estos beneficios serían: la exención del impuesto de matriculación, el derecho a deducciones y reducciones fiscales en el IRPF, descuento o bonos en el transporte público, descuentos en tasas universitarias, etc…

• Otras Diferencias.

La pensión por incapacidad ya sea temporal o permanente se basa en un sistema contributivo, ya que el cálculo de las mismas se realiza en función de la base de cotización del trabajador antes de la incapacidad. Mientras, que en el caso de la pensión por discapacidad esta no es contributiva. La elegibilidad para recibir esta prestación económica y su cuantía se basa como se ha dicho en el grado de discapacidad, así como los recursos económicos del solicitante y de su unidad familiar.

Tener un grado reconocido de discapacidad no garantiza automáticamente el reconocimiento de una incapacidad. No obstante, el reconocimiento de una incapacidad puede otorgar un certificado de discapacidad, aunque no se confieren los mismos derechos.

En conclusión, aunque ambos términos están relacionados con limitaciones funcionales, cada uno tiene sus propias características y particularidades. a incapacidad se centra en la capacidad para realizar actividades laborales específicas y está vinculada al sistema de seguridad social, mientras que la discapacidad abarca limitaciones en diversos aspectos de la vida cotidiana y se evalúa de manera más amplia. Reconocer estas diferencias es crucial para proporcionar el apoyo y los recursos adecuados a las personas que las experimentan, garantizando así una inclusión y una calidad de vida óptimas.